Justina Lo Cane tenía 12 años cuando murió a la espera de un trasplante de corazón en la Fundación Favaloro. Fue en noviembre de 2017. Su nombre, desde entonces, dejó de ser solo el de una niña con una enfermedad grave: se transformó en el símbolo de una ley que cambió el paradigma en torno a la donación de órganos en Argentina. Cada 30 de mayo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos, su historia vuelve a latir.

Es un homenaje, pero también es un importante recordatorio: detrás de cada espera, hay una vida que aún no puede empezar de nuevo.

Desde la aprobación de la Ley 27.447, conocida como Ley Justina, en 2018, el marco legal argentino estableció que toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos y tejidos, salvo que haya dejado constancia de su negativa.

En cambio, la situación cambia cuando se trata de niñas, niños y adolescentes: en estos casos, la decisión corresponde exclusivamente a madres, padres o tutores legales.

Ahí entra en juego un aspecto clave. En estas circunstancias, además de respetar el marco normativo, el sistema de salud debe asegurar la contención, la información clara y el respeto por las decisiones familiares.